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Blanqueo de capitales por imprudencia grave: ¿delito común o delito especial?

agosto, 2020

La regulación penal española en materia de blanqueo de capitales es incluso más severa que la regulación europea. No solamente porque pueda concurrir un delito de blanqueo de capitales respecto a cualquier provecho económico que provenga de cualquier delito precedente -sin necesidad de que éste sea grave-, sino también porque el legislador español ha optado por la tipificación, también, de los casos en los que su comisión es por imprudencia grave (vid. art. 301.3 CP). De este modo, no solamente se pueden sancionar las conductas dolosas, esto es, aquellas que se realizan con conocimiento del origen ilícito de los bienes y con la voluntad de llevar a cabo las conducta típicas de blanqueo. También los casos de desconocimiento burdo sobre el origen ilícito de esos bienes es sancionable con base en la imprudencia grave. 

Más allá de otras críticas, la tipificación del delito de blanqueo imprudente nos lleva a plantearnos si tiene sentido sostener, también para esta modalidad, que estamos ante un delito común. Y es que, si bien sobre la base de la normativa administrativa aplicable (LO 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), cabe identificar un conjunto de deberes de cuidado que recaen sobre los denominados sujetos obligados (vid. art. 2 y ss. LO 10/2010), no sucede lo mismo cuando se plantea la atribución de responsabilidad penal a una persona física o jurídica que no tiene esta consideración administrativa. La delimitación del baremo del deber de cuidado exigible (también penalmente) en materia de blanqueo de capitales y, en caso de infracción, la fundamentación de la existencia de responsabilidad penal por imprudencia parece un tarea difícilmente asumible fuera del ámbito de la actuación de los sujetos obligados.