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“Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”: ¿Cambio de paradigma de los compliance program frente al coronavirus?

Es difícil fundamentar por qué tiene que ser el Derecho penal y no, por ejemplo, el Derecho administrativo sancionador, el que se ocupe de “castigar” a las empresas. También es difícil reconocer que, más allá, de evitar la “pena”, las empresas puedan tener otra clase de motivación para incorporar en su día a día un […]

Comunicado de Glosas ante la situación provocada por el Covid-19.

En relación con el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como del Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ y la Resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la Administración de […]

Las dos caras del criminal compliance en las empresas

Uno de los términos más utilizados cuando queremos vincular el denominado criminal compliance con las empresas es el de prevención. En este sentido, y desde que se incorporó el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas también en el Código penal español, se ha definido el compliance como el conjunto de medidas y controles […]

¿Qué es la gestión de residuos y por qué puede ser delictiva?

El aumento en la generación de residuos comporta una problemática ambiental muy relevante. Y ello no solamente por la ocupación y el deterioro del paisaje que deriva de su acumulación, sino también por la consiguiente contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera. Así las cosas, además de los movimientos sociales y ecologistas actuales, la tendencia legislativa internacional, europea y nacional se orienta hacia la necesidad de adoptar, en primer lugar, medidas de prevención orientadas a reducir la producción de residuos y a fomentar un desarrollo sostenible. En este contexto, precisamente, cobra relevancia la denominada gestión de residuos como forma de prevenir los daños ambientales.

¿Responsabilidad penal de la persona jurídica?: No siempre

Cada vez más cerca del décimo aniversario del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código penal español, aún es necesario plantearse el alcance de esta clase de responsabilidad. Y ello, a algunos, nos lleva a reflexionar acerca de si cabe restringir este régimen de responsabilidad atendiendo, por supuesto, al tenor literal de la norma, pero

Un engaño. Un inmueble. Tres delitos

Podemos convenir que «en los negocios no es la regla general que las personas se engañen, mientan o defrauden» (STS 419/2009, de 31 de marzo). Pero también podemos convenir en que las personas engañan, mienten y defraudan con más frecuencia de la que nos gustaría.

Una observación sobre el delito de corrupción entre particulares (o corrupción privada)

El pasado 13 de marzo entraron en vigor las reformas introducidas al Código Penal por LO 1/2019. En este espacio compartimos, en su día, un cuadro resumen, indicando qué normas fueron modificadas o incorporadas como nuevas a la vigente legislación penal. Entonces, advertíamos que algunos cambios introducidos tenían consecuencias importantes en las fases de identificación y estimación del riesgo de infracciones penales que las empresas deben prevenir con sus Programas de Cumplimiento Normativo.

“Conductores malvados”

Con la entrada en vigor de la LO 2/2019, de 1 de marzo, entre los delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter CP) se incorpora una figura denominada “delito de abandono del lugar del accidente” o “delito de fuga”. Este nuevo delito, previsto en el art. 382 bis CP, convive sistemáticamente con los delitos contra la seguridad vial. Ahora bien, resulta difícil afirmar que, con aquellos, comparte el mismo bien jurídico protegido. A su vez, y de una lectura del art. 382 bis CP, se advierte su proximidad con el ya existente delito de omisión del deber de socorro del art. 195 CP, especialmente en los casos en los que esta omisión es respecto de una víctima de accidente (art. 195.3 CP).

Investigaciones internas, ¿qué hay de las garantías de defensa de las personas físicas?

Existe una tendencia a vincular el objeto de una investigación interna empresarial con un proceso dirigido única y exclusivamente al esclarecimiento de hechos delictivos que podrían suponer la responsabilidad penal de la persona jurídica. Desde luego, éste puede ser uno de los objetivos de las investigaciones internas. Sin embargo, y en función de cómo se entienda un modelo de cumplimiento en una empresa, el objeto de aquélla puede ser más amplio.

“Sí, soy una empresa y quiero ser penalmente diligente”

Desde que la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha aterrizado en el Código penal español -hace ya casi una década-, el uso de términos propios de la gestión empresarial se ha hecho extensivo también a la comunidad jurídica, incluso a la penal (¡!). Y es que la regulación penal actual, además de establecer las denominadas vías de imputaciónde responsabilidad a la persona jurídica (vid. art. 31 bis1 CP), desde el año 2015 prevé su posible exención (art. 31 bis2,3,4 y 5 CP). Precisamente, a partir de aquí se hacen famosos términos como el de compliance o el de (criminal) compliance program.

Reforma del Código Penal – Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero: cuadro resumen

El pasado 21 de febrero de 2019 se publicó la LO 1/2019, que contiene reformas importantes al Código Penal español, con el fin de trasponer diversas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, lucha contra el terrorismo, tráfico de órganos, corrupción, entre otros.

Blanqueo imprudente. Gangas que pueden salir muy caras

En España existen dos formas de cometer el delito de blanqueo de capitales: o bien de forma dolosa (entiéndase aquí: intencional) o bien por imprudencia grave. En el primer caso, el delito consiste en realizar maniobras para conseguir ingresar al circuito económico lícito, bienes que fueron obtenidos ilícitamente. En el segundo caso, ese resultado de “blanqueo”, aparece como una consecuencia, no prevista, de la conducta de quien actúa de forma descuidada.

Realización arbitraria del propio derecho: multa a los impacientes

En el actual artículo 455.1 del Código Penal español, se contempla el delito comúnmente conocido como “realización arbitraria del propio derecho”, sancionándose con una multa (de seis a doce meses) a quienes, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, emplearen violencia, intimidación o fuerza en las cosas.

El favorecimiento del favorecedor, en el delito contra la salud pública

El Código Penal español contempla penas de prisión (de 3 a 6 años y multa), para quienes “ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”(art. 368 CP

Límite a la delegación de funciones de compliance

Tal como lo explica la Fiscalía General del Estado (FGE, Circular 1/2016), para cumplir con las exigencias del artículo 31 bis CP, la función de cumplimiento normativo debe ser asignada, formalmente, a un órgano de la persona jurídica.

Responsabilidad penal de la empresa por delitos cometidos «en su beneficio»

Uno de los elementos requerido por la legislación española (artículo 31 bis Código Penal), en orden a la posible declaración de responsabilidad penal de una persona jurídica (RPPJ), viene referido al beneficio que el delito pudiere comportarle a la entidad. En ambos supuestos de RPPJ (tanto la que tiene lugar por delitos cometidos por personal […]

Estafa contractual (o estafa y punto)

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo español, los elementos presentes en el delito de estafa del artículo 248.1 CP son: 1) La utilización de un engaño previo bastante, para generar un riesgo no permitido para el patrimonio de la víctima; 2) relación de causalidad entre el engaño del autor y el error del sujeto pasivo, […]

Las funciones de prevención del Compliance penal: qué y cómo

Un adecuado Programa de Cumplimiento Normativo (PCN) es aquel que cumple una función doblemente preventiva. En primer lugar, porque debe tener cierta capacidad para impedir o dificultar, tanto como sea posible, la comisión de ilícitos que estén en el mapa de riesgos de incumplimientos de la empresa; y, en segundo lugar, porque debe evitar que pueda imputársele, también a la propia Persona Jurídica, aquellos ilícitos que, pese a todo, igualmente se cometan.

El delito de desobediencia funcionarial-art. 410.1 y 2 CP-

Se habla mucho últimamente de la desobediencia; pero ¿qué es exactamente el delito de desobediencia?

De entrada, es importante señalar que en el Código Penal (CP) se contemplan varios comportamiento en los que adquiere relevancia la desatención de una orden emitida por quien ostenta una (alguna) posición de autoridad sobre el destinatario de la misma, sin importar si de ello se sigue algún resultado concreto que no debía producirse o que se tuviera el deber de evitar.

Una precisión acerca del silencio como prevaricación

El Código Penal español contempla, en el artículo 404, entre los delitos contra la Administración pública, la prevaricación de los funcionarios y autoridades públicas, también conocido como delito de prevaricación administrativa. Allí se prevén penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, de siete a diez años, para “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.

La usurpación de bien inmueble

Nuria es propietaria de un piso que esperaba acondicionar y poner en alquiler. Al llegar con el arquitecto que se encargaría de las obras, descubre que su inmueble estaba ocupado por personas que no conocía. Manuela, quien abrió la puerta, le explicó que había visto un aviso adherido a una farola que promocionaba: “Piso en alquiler”, y un teléfono de contacto al que llamó; que se citó con una persona a quien entregó seiscientos euros por el primer mes y otros seiscientos como fianza, y que la acompañó hasta el piso entregándole las llaves.

Delito de administración desleal

Tras la reforma introducida al Código Penal por LO 1/2015, de 30 de marzo, la administración desleal dejó de ser un delito societario (tal como estaba previsto en el anterior art. 295 CP, desde entonces derogado) y pasó al ámbito de los delitos patrimoniales, como una modalidad de defraudación. De este modo, no sólo las sociedades alcanzadas por la definición del art. 297 CP o sus socios, pueden ser víctimas de una administración desleal, sino cualquier sujeto, persona física o jurídica, cuyos bienes patrimoniales sean puestos bajo la administración de otro.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa

Las empresas son un motor esencial de nuestra economía. A través de su actividad, generan no sólo recursos económicos, sino puestos de trabajo, conocimiento y desarrollo. Por ello, las empresas son celosas de su información confidencial, aquella que las hace competitivas en el mercado y les permite seguir aportando activos y valor añadido a nuestra sociedad.

Malos socios, peores parientes

La relación de parentesco, que puede existir entre autor y víctima de un delito, constituye un factor que el legislador toma en cuenta con efectos muy diversos en derecho penal. Así, en el artículo 23 del Código Penal español, se contempla la denominada circunstancia mixta de parentesco.