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Reflexiones sobre el delito de falsedad en la inversión de capital, a propósito del caso Pescanova

enero, 2021

La reciente Sentencia de la Audiencia Nacional (en adelante, AN), de 6 de octubre de 2020 (ponente González Pastor), sobre el caso Pescanova plantea muchas cuestiones jurídicas interesantes sobre las que cabe reflexionar.

Hoy os proponemos centrarnos en el denominado delito de falsedad en la inversión de capital del art. 282 bis CP, al que la Audiencia Nacional se refiere como delito de falseamiento de información económica y financiera.

Esta figura se incorporó con la reforma del Código penal protagonizada por la LO 5/2010, de 22 de junio.

En primer lugar, cabe señalar que se trata de un delito especial en el que el círculo de posibles autores está limitado a aquellos sujetos que reúnan la condición de administrador de hecho o de derecho. En esta medida, y a los efectos de medir la posible extensión de este tipo penal, se torna relevante la delimitación del concepto de administrador de hecho. Precisamente, la AN se refiere a esta cuestión de forma un tanto confusa. Y es que, por un lado, tiene en cuenta  el concepto mercantil (vid. art. 263.3 LSC) y, por tanto, más estricto de administrador de hecho y, por otro lado, se refiere a jurisprudencia del Tribunal Supremo que, más bien, se vincula con un concepto más amplio de administrador de hecho.

En segundo lugar, la conducta típica de este delito consiste en falsear documentos referidos a la información económico-financiera y que han de ser objeto de difusión. Por tanto, no se trata de cualquier información económico-financiera y no se castiga, pese a que hubiese sido lo lógico en tanto ya existe el delito societario del art. 290 CP, la publicación de informaciones falsas, sino el falseamiento de la información.

Pues bien, en el caso Pescanova, y optando al final por una interpretación más bien estricta del concepto de administrador de hecho, la Audiencia Nacional condena al que era el presidente ejecutivo y uno de los administradores de derecho de la compañía como autor de este delito y al auditor de cuentas como cooperador necesario. Asimismo, y en tanto se prevé expresamente esta posibilidad, extiende la responsabilidad penal también a la matriz del Grupo Pescanova y a la sociedad de auditoría que tenían contratada. 

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