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El control de los dispositivos digitales de los trabajadores: una revisión jurídico-penal

octubre, 2021

La intimidad y el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental recogido en el art. 18 de la Constitución Española que está presente en el ámbito laboral, tal y como ha establecido el art. 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y ha reconocido el Tribunal Constitucional (entre otras, vid. STC 12/2012, de 30 de enero). Este derecho implica que los trabajadores que (puntualmente) utilicen los medios tecnológicos de la empresa para finalidades personales puedan tener una expectativa de privacidad de esa información respecto a su empresa (vid. STC 170/2013, de 7 de octubre). Por ello, el empresario sólo podrá acceder a los medios tecnológicos puestos a disposición del trabajador cuando haya un motivo que lo justifique y siempre que se haya informado previamente al personal de la empresa sobre la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, se podrá acceder al contenido de los dispositivos. Estas condiciones, además, deberán ajustarse a las normas y usos sociales y al estricto respeto de los derechos fundamentales (vid. STC 241/2012, de 17 de diciembre).

La actuación del empresario que incumpla estos requisitos podrá ser constitutiva de un ilícito penal. Es el caso al que se refiere la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 328/2021, de 22 de abril, que condenó por un delito de descubrimiento y revelación de secretos a un empresario que accedió al ordenador y al correo corporativo de uno de sus empleados. En este caso, el Tribunal entendió que se había vulnerado la intimidad del trabajador, a pesar de que: (i) sus contraseñas eran conocidas por otros miembros de la empresa, (ii) el Convenio Colectivo prohibía expresamente instalar el correo electrónico personal en los ordenadores que se facilitaban al personal, y (iii) que se estaba investigando al trabajador por un delito de hurto cometido en el seno de la empresa. En consecuencia, esta sentencia deja claro que la expectativa de privacidad existente en el caso concreto será uno de los elementos esenciales a valorar por el juez a la hora de determinar si la conducta del empresario fue (o no) intrusiva e, incluso, constitutiva de delito. 

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