Slide Nuestras reflexiones sobre actualidad penal y algunos consejos preventivos.
[Blog]

El «odio» como delito

julio, 2021

La pandemia provocada por la covid-19 ha traído consigo muchos cambios en las dinámicas sociales. Entre los datos con los que nos sorprendió la prensa durante los meses del confinamiento se encontraba el relativo a una fuerte caída de la delincuencia, que algunos periódicos llegaron a situar en el 40%. Posteriormente, las cifras han vuelto a aumentar debido a la relajación de las medidas de protección, aunque todavía están lejos de los niveles de la “antigua normalidad”. Mucho se ha escrito, también, respecto de las previsibles afectaciones que esta pandemia va a implicar a medio plazo para la salud mental de la población. El aislamiento individual ha traído consigo un cambio en las dinámicas relacionales cuyos efectos los expertos empiezan a concretar. En este contexto, los delitos cometidos a través de las redes sociales van creciendo en número y, concretamente, los delitos de odio a través de Internet. Nos encontramos ante el ya conocido dilema acerca de la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el respeto a otros derechos fundamentales, como la dignidad y el derecho a la igualdad entre ciudadanos. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de delitos de odio? 

En nuestro Derecho penal rige el principio general de «culpabilidad por el hecho», descartando así el denominado «derecho penal de autor». Ello significa que, para que se considere que alguien ha cometido un delito, deberá existir siempre un «hecho» antinormativo y que no pueden castigarse meras «ideas» o determinadas «formas de ser o de pensar». Así es, en un Estado social y democrático de derecho no puede castigarse la «actitud interna» de discriminación, odio o sentimiento de violencia hacia determinados grupos minoritarios. Sin embargo, lo que sí puede penalizarse, y de hecho penaliza el artículo 510.1 de nuestro Código penal, es la incitación a que otros adopten ese «discurso de odio». Por lo tanto, la norma penal no prohíbe, por ejemplo, una personalidad homófoba o racista -que muchos podrían considerar peligrosa, desfasada o inmoral- sino la realización de actos tendentes a fomentar en terceros esas mismas actitudes internas de discriminación, odio o violencia respecto de determinadas minorías. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la incitación al odio no necesariamente implica una llamada pública a la violencia, es suficiente con una llamada a atacar a personas o grupos específicos de la población mediante el insulto, la exposición al ridículo o la difamación (STEDH de 9 de mayo, Case of Vejdeland and Others vs Sweden).  Así las cosas, el art. 510.1 de nuestro Código penal castiga tres grupos de conductas que se considerará que traspasan ese límite o umbral de la libertad de expresión. En primer lugar, se castigan aquellas conductas consistentes en el fomento, la promoción o la incitación (provocación) al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Estas conductas deben darse, siempre, de forma pública. Un segundo grupo de conductas abarca aquellas vinculadas con la difusión de escritos o cualquier otra clase de material o soporte que, por su contenido, sean idóneos para incitar directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un determinado grupo social. El tercer conjunto de conductas castigadas se refiere a los actos de negación, trivialización grave o enaltecimiento, siempre de forma pública, de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos. Todo ello, cuando ello se haga, entre otros, por motivos racistas, de ideología, orientación o identidad sexual o por razones de género, y con ello se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. 

En este contexto, las denuncias por delitos de odio también han crecido en los últimos tiempos. La mayor facilidad en la expansión de este tipo de mensajes de «odio», así como la creciente concienciación del daño que este tipo de conductas implican para nuestra sociedad, han sido los principales detonadores. Sin embargo, a menudo, tras la denuncia empiezan los problemas probatorios y el largo camino procesal. Así es, la prueba en este tipo de procesos deberá ir encaminada a demostrar que, efectivamente, se ha producido la expresión «de odio» y que su motivación era lograr que otros adoptaran ese mismo discurso «discriminatorio». De este modo, la prueba más importante será la pericial informática, puesto que tendrá por objeto rastrear el «perfil» que ha publicado el ataque contra una determinada persona o colectivo. Asimismo, las pruebas obtenidas de las redes sociales, sitios web, aplicaciones de móvil, etc, deberán asegurarse siguiendo las prevenciones técnicas y legales, y aportarse durante la fase de investigación en un soporte que permita su reproducción durante el debate del proceso. Asimismo, sólo ante los casos más graves en los que haya implicaciones de organización criminal y previa autorización judicial, los agentes encargados de la investigación policial podrán actuar a través de la conocida «figura del agente encubierto» utilizando una identidad supuesta para esclarecer los delitos cometidos en las redes sociales.