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El “skimming” y su tratamiento jurisprudencial

enero, 2022

En casi todos los ámbitos de nuestra vida diaria proporcionamos información de identificación personal como el nombre, la fecha de nacimiento, nuestros números de cuentas bancarias, contraseñas de acceso e información de nuestra ubicación. En este contexto de facilitación continua de datos personales, algunos delincuentes han aprovechado las circunstancias para extender un tipo de fraude conocido como “skimming”.

El “skimming” consiste en la captura y transferencia no autorizadas de nuestros datos personales para realizar pagos mediante tarjetas bancarias. Así pues, los delincuentes extraen nuestros datos de nuestras tarjetas de crédito, en cualquier punto de venta y los usan para fabricar (nuevas) tarjetas de crédito falsas, o bien, para realizar compras utilizando directamente nuestros datos (robados).

En este sentido, la Audiencia Nacional, de forma reciente, ha definido este tipo de fraude como “un proceso de copiado o clonación de tarjetas, mediante el cual los delincuentes consiguen una grabación de los datos contenidos en la banda magnética de la tarjeta, utilizando los más diversos medios, en el caso que nos ocupa, con lectores – grabadores colocados en las bocachas de cajeros automáticos, para la captura del contenido de las bandas magnéticas y de teclados superpuestos, y para la captación del número secreto o PIN.” (SSAN 24/2020, de 17 de diciembre y 23/2021, de 26 de noviembre).

Con esta nueva forma de fraude, el “skimming” puede subsumirse en dos tipos penales. Por un lado, la falsificación de una tarjeta bancaria mediante este método sería subsumible en el artículo 399 bis del Código Penal, que en la actual redacción castiga a quien “altere, copie, reproduzca, o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito”. Por otro lado, la ulterior utilización de estas tarjetas se integraría en el delito de estafa, previsto y penado en el artículo 248.2 apartado c) del Código Penal, que castiga su uso, por ejemplo, en establecimientos abiertos al público o cajeros automáticos, provocando una transferencia de dinero no consentida por el titular de la cuenta. Asimismo, el Tribunal Supremo apunta que “la relación entre el delito falsario y la estafa se ajusta a la que es propia del concurso medial (art. 77.1 CP)” (en este sentido y sobre estas nuevas formas de fraude mediante la utilización de tarjetas de crédito, resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo nº 109/2020, de 16 de enero).

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