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La declaración de la víctima como prueba de cargo

septiembre, 2021

La Constitución española reconoce en su artículo 24.2 el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Esta previsión implica, a la práctica, que toda persona investigada en un proceso judicial es inocente hasta que una sentencia firme declare probado lo contrario. Esto es: la inocencia de la que se parte sólo puede ser desvirtuada si durante el acto del juicio oral se lleva a cabo la prueba de cargo suficiente para demostrar la culpabilidad del/la acusado/a. En este contexto, a menudo surgen dudas acerca de los supuestos en los que la única prueba en contra de la versión del/la acusado/a es la versión contradictoria de la (también presunta) víctima del delito que se está enjuiciando. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos indica que, si bien la declaración de la víctima puede ser suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, será necesario -en todo caso- para fundamentar una sentencia condenatoria en esta única prueba, la concurrencia de determinados requisitos objetivamente evaluables. Así, el Tribunal Supremo ha sostenido que: «…La versión de la víctima debe ser valorada, en cambio, desde el prisma propio de un testigo, que se encuentra por ello obligado a decir verdad; pero sin olvidar las cautelas propias del status de quien asume la doble condición de testigo y denunciante, pues estamos ante un testigo en cierto modo implicado en la cuestión, al ser su testimonio la noticia misma del delito. Ahora bien, según apuntaba el Tribunal Constitucional en sus SSTC núm. 126/2010, de 29 de noviembre (RTC 2010, 126), y 258/2007, de 18 de diciembre, lo expuesto no es óbice para que la declaración de la víctima, practicada con plenas garantías, pueda erigirse en prueba de cargo que habilite un pronunciamiento de condena, incluso cuando actúe como acusador particular (…)”. Así, “(…) el testimonio de la víctima puede ser tenido como prueba capaz, por sí misma, de enervar la presunción de inocencia, incluso cuando sea la única prueba disponible.” En este sentido, como señala el Alto Tribunal, “[s]on incontables las ocasiones en que hemos apuntado ciertos aspectos de posible valoración en el testimonio de la víctima (…) Son éstos la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud de su versión y la persistencia en la incriminación. Pero incluso en el caso de que alguno de estos tres elementos no fuere, en todo o en parte, favorable a la credibilidad del testimonio de la víctima, puede el órgano judicial concederle validez como prueba de cargo siempre, eso sí, que motive suficientemente las razones de su proceder.» (por todas, STS, Sala de lo Penal, Sección1ª, núm. 778/2017 de 30 noviembre. RJ 2017\5566). Dichos requisitos a tener en cuenta en la valoración de la declaración de la víctima consisten en:

i) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima, que pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de incertidumbre.

ii) La verosimilitud de la declaración de la víctima, por su contundencia, y por estar rodeada de numerosas corroboraciones periféricas de carácter objetivo.

iii) Persistencia en la incriminación, que sea prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones, habiendo mantenido siempre el/la perjudicado/a la misma versión de los hechos, sin contradicciones dignas de interés en cuanto al núcleo central de los hechos.