Slide Nuestras reflexiones sobre actualidad penal y algunos consejos preventivos.
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Las claves del compliance penal

septiembre, 2021

Actualmente, las empresas son consideradas, además de agentes económicos, “ciudadanos corporativos” que deben estar comprometidos con el cumplimiento ético y normativo. Para ello, se espera que adopten una serie de medidas y controles que garanticen que su actividad se está desarrollando dentro de unos parámetros aceptables jurídico y socialmente. 

A raíz de la incorporación en nuestra legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, muchas empresas han decidido adoptar y ejecutar programas de cumplimiento normativo o compliance programs, incorporando -en su gestión diaria- medidas y controles para prevenir la comisión de delitos. En este sentido, la responsabilidad penal puede afectar a todo tipo de sociedades privadas, sea cual sea su objeto social o dimensión. La clave para exigir esa responsabilidad está en que el delito que se cometa en el seno de su actividad reporte algún tipo de beneficio, directo o indirecto, a la empresa. En consecuencia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se configura como propia e independiente de la que se atribuye a las personas físicas individuales que la componen. 

Los concretos delitos por los que se puede hacer responsable a una empresa son, entre otros, la estafa, el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, la corrupción en el sector público (cohecho, tráfico de influencias, malversación), los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, delitos contra el medio ambiente, delitos fiscales y contra la Seguridad social. Asimismo, si bien los delitos contra los derechos de los trabajadores no generan responsabilidad penal de la persona jurídica, pueden desembocar en la imposición a la empresa (en el marco de un proceso penal) de alguna de las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 del CP. 

Por otro lado, las penas a las que se puede enfrentar una empresa por la comisión de estos delitos, están recogidas en el art. 33.7 del CP y son las siguientes: i) multa, ii) disolución de la persona jurídica, iii) suspensión de sus actividades, iv) clausura de sus locales y/o establecimientos, v) prohibición a futuro de realizar las actividades en el marco de las cuales se haya cometido el delito, vi) inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones u otras ayudas económicas para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, y vii) la intervención judicial de la actividad empresarial.

Por todo lo anterior, la adopción de un compliance program en una empresa implica, entre otros, las siguientes ventajas: i) en caso de comisión delictiva, se evita o se atenúa la responsabilidad penal de la empresa, ii) delimitación de esferas de competencia y responsabilidad dentro de la organización empresarial, iii) aumento de la reputación corporativa, iv) obtención de mayores méritos en el marco de los procesos de licitación y contratación públicos, v) atracción de socios de negocio alineados con el cumplimiento ético y normativo, vi) atracción de recursos humanos de calidad, vii) mayor probabilidad de atraer más y mejores inversores.