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¿Por qué no nos preocupa el conflicto de intereses del multitasking compliance officer?

febrero, 2022

La ausencia de regulación jurídica específica de esta figura a la que, por entendernos más rápidamente, nos referimos con el anglicismo de compliance officer ha provocado un claro liderazgo de la autorregulación, también en lo que respecta a “cuestiones penales”. No nos detendremos aquí en volver a recordar lo inapropiado de haber incorporado en la legislación penal económica española una redacción prácticamente idéntica a la prevista en otros ordenamientos vecinos (nos referimos al art. 31 bis 2 CP en relación con el art. 6. 1 b) DLI 231/2001) que, sin embargo, se fundamentan en un sistema societario distinto del español. Desde luego, aunque la independencia del compliance officer deba ser uno de los principios rectores de esta profesión, en la práctica esto es difícilmente asumible. Precisamente, es sobre esta cuestión y su vinculación con situaciones de conflicto de intereses sobre la que queremos lanzar algunas reflexiones.

Si nos fijamos en la Ley de Sociedades de Capital, el conflicto de intereses se recoge, por ejemplo, en los arts. 523 y 526 respecto del conflicto de intereses del representante del accionista en la Junta General. Además de señalar qué personas se excluyen de poder actuar en representación del accionista, esta regulación señala una cuestión interesante.  A saber: es el propio sujeto al que se pretende nombrar representante el que ostenta el deber de informar al accionista de si le afecta una situación de conflicto de intereses. Desde luego, esta exigencia de diligencia se sustenta en una regulación jurídica. No es lo que pasa en el caso del compliance officer, respecto del que ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre cuáles deben ser sus funciones (ejecutivas vs. no ejecutivas). Las situaciones de conflicto de interés en las que se puede encontrar un compliance officer que desarrolla su profesión en una empresa española se manifiestan en varias direcciones. Aquí quisiéramos referirnos a la propia del denominado multitasking compliance officer, esto es, aquella situación de conflicto de intereses en las que, de forma inherente por referirnos a terminología del ámbito de los riesgos, se encuentra el miembro de la empresa que, junto a sus funciones “propias” de compliance, también desempeña al mismo tiempo (¿?) funciones vinculadas con otros cargos distintos. El ejemplo más claro en nuestras empresas es el de la persona que ocupa el cargo de compliance officer y también los servicios jurídicos en la empresa. Abogado y compliance officer no es lo mismo, pero parece que no nos importa. ¿Cómo se puede sostener que un compliance officer en esta situación es independiente si, al final, también tiene que supervisar su propio trabajo? 

La independencia de la función de compliance en las empresas es, sin duda, un logro a largo plazo que no solamente requiere de la buena voluntad de las empresas. También requeriría una modificación legal. Ahora bien, sí que está al alcance de la autorregulación empresarial tratar de configurar la función de compliance como algo diferenciado de otras áreas o funciones profesionales en la empresa. Por lo menos, en lo que se refiere a la supervisión operativa de los sistemas de compliance

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