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Realización arbitraria del propio derecho: multa a los impacientes

abril, 2021

El delito conocido como “realización arbitraria del propio derecho” -contemplado en el artículo 455.1 del Código Penal- castiga con una pena de 6 a 12 meses de multa a quien, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas. 

A diferencia de lo que ocurría con la regulación anterior al Código Penal de 1995, el tipo penal no exige que se acredite un resultado concreto. Así, el delito se entiende consumado por la mera utilización de violencia, intimidación o fuerza en las cosas, siempre que ello sea un medio adecuado para la realización de un derecho propio. En consecuencia, no podrán apreciarse supuestos de tentativa, siendo irrelevante si el autor consiguió o no el objetivo pretendido,

Dicho de otra manera, esta figura penal castiga aquellos intentos de “hacer justicia por mano propia”, decisión que puede salir muy cara. Los siguientes son ejemplos -más o menos frecuentes- en los que se ha condenado por este delito:  un acreedor que se apodera violentamente de pertenencias del deudor moroso para satisfacer su crédito; un propietario que cambia la cerradura del piso y se queda con bienes de su inquilino para compensar el impago del alquiler; o un exempleado que, tras ser despedido injustamente y sin indemnización, se lleva por la fuerza un ordenador de la empresa.

Por supuesto, en ocasiones, los casos planteados serán más difíciles de esclarecer. Por un lado, encontramos determinados supuestos que deberán ser resueltos por la vía civil.  Por otro lado, algunos casos podrán comportar la aplicación de tipos delictivos más graves. Se trata de supuestos que, según sus características, se sitúan en el límite entre la realización arbitraria del propio derecho y otros delitos, como el allanamiento de morada, daños, robo, apropiación indebida, coacciones, extorsión, etc.

Aunque el delito se ubique entre los delitos contra la Administración de Justicia, puede tener un carácter potencialmente pluriofensivo. En este sentido, se entiende que son comportamientos que no solo atentan contra la potestad exclusiva del Estado de resolver lo que proceda ante una disputa de este tipo, sino que también podrán afectar otros bienes jurídicos como el patrimonio de la víctima, su intimidad o su libertad.

Por ello, es importante encontrar criterios objetivos que permitan distinguir cuándo estamos frente a un delito de realización arbitraria del propio derecho y cuándo, en cambio, los hechos son constitutivos de otros tipos penales castigados con una pena más grave (generalmente, de prisión). En nuestra opinión, tan solo hay un criterio jurisprudencial que se mantenga estable -aunque no sea demasiado preciso- y que permita apreciar una cierta uniformidad a la hora de resolver: el “ánimo de lucro del autor”, 

Este “ánimo de lucro” permite la distinción del tipo con otros delitos patrimoniales, tales como el delito de robo, de amenazas o de extorsión (vid. 520/2017, de 6 de julio). Así, se entiende que, mientras el autor del delito del art. 455 CP actúa con la finalidad de reparar o evitar un empobrecimiento injusto, el autor de un robo, en cambio, busca obtener un enriquecimiento injusto (vid., entre otras, SSTS 1242/2003, de 29 de septiembre; 817/2009, de 29 de junio; 363/2020, de 2 de julio).

Para explicarlo mejor, pondremos de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª), núm. 109/2017, de 14 septiembre. Los hechos probados fueron los siguientes: la acusada hacía varios días que había extraviado a su perro y sabía que se encontraba en la perrera municipal, por lo que saltó la valla que rodeaba la perrera, accedió a su interior y, con un martillo, fracturó el candado de la jaula donde estaba su perro y se lo llevó consigo, ¡dejando en el lugar otro candado nuevo con su correspondiente llave! En consecuencia, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Toledo la condenó por un delito de realización arbitraria del propio derecho, con la atenuante de reparación del daño. La Audiencia confirmó la condena a la acusada de seis meses de multa por el delito del art. 455 CP, entendiendo que el fin que motivó la actuación de la autora resultaba claro

En este sentido, cabe destacar que los hechos probados permiten apreciar claramente cual era el ánimo de la autora: recuperar un “bien” propio (más concretamente, un semoviente, el perro de su propiedad). Es decir, la intención no era causar daños y quedarse con bienes ajenos, sino recuperar algo a lo que, en última instancia, tenía derecho. Es precisamente este elemento lo que permitió excluir la aplicación de figuras delictivas más graves. 

De hecho, los hechos probados presentan elementos que podrían incluso haber dado lugar a la aplicación de una eximente por estado de necesidad, que fue efectivamente solicitada. Sin embargo, el Tribunal la rechazó con argumentos claramente discutibles, ya que la perrera estaba temporalmente sin su cuidador, el perro llevaba tres días sin agua ni comida en pleno mes de junio, mostraba signos evidentes de deterioro de su salud y era un domingo, con las limitaciones que ello implicaba en cuanto a la posibilidad de acudir a las vías legales de auxilio. Por otro lado, según el relato de la acusada, habría dejado una nota con sus datos personales y un número de contacto, aunque como no se encontró en el lugar no se incluyó en los hechos probados (a pesar de resultar plausible si se tienen en cuenta otros elementos de prueba incorporados durante el juicio). Por todo ello, resultó claro que la razón que motivó el actuar de la acusada era evitar un empobrecimiento injusto (la muerte de su mascota o el deterioro de su salud) y no la intención de obtener un enriquecimiento injusto (ánimo de lucro, que caracteriza al delito de robo).

En último término, resulta claro que, a veces, nuestras intuiciones acerca de lo justo o injusto de una determinada situación pueden llevarnos a actuar de un modo prohibido por el Derecho penal. Por ello, será conveniente buscar el asesoramiento previo adecuado y acudir a las vías legales oportunas para evitar ser sancionados -en el mejor de los casos, con una multa, si es que no con una pena más grave-