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Reforma del Código Penal – Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero: cuadro resumen

marzo, 2019

El pasado 21 de febrero de 2019 se publicó la LO 1/2019, que contiene reformas importantes al Código Penal español, con el fin de trasponer diversas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, lucha contra el terrorismo, tráfico de órganos, corrupción, entre otros.

Sus disposiciones entrarán en vigor el 13 de marzo de 2019 y hemos creído oportuno ofrecer un cuadro resumen de las modificaciones que introduce.

En futuras y próximas entradas haremos algún comentario a los puntos más importantes, pudiendo anticipar, en cualquier caso, que tendrán relación con la necesidad de ciertas adaptaciones a los Programas de Cumplimiento Normativo penal que, como es sabido, son preceptivos para todas las personas jurídicas.

 

Antecedentes de la reforma Relativa a Normas afectadas  

Afecta responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ)

Reforma artículo código penal Introduce nuevo artículo en código penal
Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014

 

abuso de mercado

(operaciones con información privilegiada)

2841

285 2 

 

 

 

 

288 6

 

 

285 bis3

285 ter 4

285 quater 5

7
Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017

 

lucha contra el terrorismo 572 8

573.1, 1er. Párrafo 9

575.3 10
576.-
5- 11

 

 

 

 

 

 

580 bis 12

 

 

 

 

13

Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017

 

lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE 305.3 14

308 15

 

 

435.5º 16

435 bis 17

 

 

 

18 

Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014

 

protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación 386.1.2º19

386.5 20

387, 1er. parr. 21

   

 

 

22

Adaptación a las previsiones contenidas en el Convenio del Consejo de Europa

 

lucha contra el tráfico de órganos humanos  

 

156 bis 24

127 bis.1. a   bis 23  

 

 

25

Directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) delitos de corrupción En el ámbito privado (corrupción en los negocios):

286 bis.126

 

En el sector público:

423 27

427 28

431 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435. 5º 30

435 bis31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Referencias

  1. Se incorpora,en los medios comisivos: la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información para la alteración de precios; en el objeto de protección, los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos financieros y los índices de referencia y, en la pena, se incrementan las sanciones y se prevé una agravación específica si el autor es trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación.
  2. Se tipifican nuevas formas de comisión del delito de abuso de información privilegiada; se especifica cuándo se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información privilegiada; y se añade una agravación específica para el caso de que el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación.
  3. Se tipifica la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores.
  4. Se incorpora esta norma, para dotar de contenido los conceptos de instrumentos financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes, mediante la remisión a la normativa europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros. En el preámbulo de esta LO 1/2019, se dice que esto se hace con pleno respeto al principio de legalidad penal, cuestión que motivará una próxima entrada, en la que daremos nuestra opinión acerca de esta afirmación.
  5. Se tipifica expresamente los actos de proposición, conspiración y provocación a cometer los delitos de los arts. 284, 285 y 285 bis.
  6. Se reordena el art. 288, introduciéndose las previsiones punitivas para los tipos penales modificados (arts. 284 y 285) y nuevos tipos penales introducidos (art. 285 bis y quater), equiparándose la pena para todos ellos en el nuevo numeral 2º del art. 288 y desplazándose, sin modificaciones, el anterior numeral 2º (relativo a las reglas de los arts. 66 bisy 33.7.b) a g) a un nuevo numeral 3º.
  7. Las reformas introducidas en la penalidad de los delitos previstos en este capítulo tienen consecuencias importantes en la estimación de los niveles de riesgo penal
  8. Se agrava la pena máxima para el apartado 1 (promotores, organizadores, etc): 15 años de prisión (antes 14) e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el tiempo de la condena (antes inhabilitación especial de 8 a 15); se agrava la pena de inhabilitación para el apartado 2 (quienes participan activamente o forman parte de…), siendo ahora absoluta durante el tiempo de la condena (antes especial de 6 a 14).
  9. Se incorpora la falsedad documental, como uno de los delitos graves considerado como delito de terrorismo, si en su comisión concurre alguna de las finalidades previstas en esa norma.
  10. Se suprime la exigencia de que el viaje al extranjero (para cometer un delito de terrorismo o capacitarse para su comisión) lo sea a un territorio controlado por un grupo u organización terrorista.
  11. Se suprime el apartado 5 de este art. 576, que contenía la previsión de aplicación del art. 31 bis, cuestión que ahora es tratada en una nueva disposición, incorporada como art. 580 bis.
  12. El art. 580 bis prevé la posible activación del art. 31 bis, en relación con todos los delitos que integran este capítulo, ampliándose así el catálogo de aplicación del régimen de RPPJ.
  13. Por aplicación del suprimido apartado 5 (ver notas 11 y 12), la eventual RPPJ alcanzaba tan solo al supuesto de financiación del terrorismo; de modo tal que ahora será necesario para las empresas revisar su identificación y estimación de riesgos penales, a fin de adecuarlas al nuevo catálogo de aplicación del art. 31 bis
  14. Se eleva el umbral típico del monto defraudado a 100 mil euros (antes 50 mil) (primer párrafo del art. 305.3), y se eleva las defraudaciones típicas que dan lugar a una pena inferior, para aquellos supuestos en que la defraudación, sin superar los 100 mil euros, sea superior a 10 mil euros (antes 4 mil) (segundo párrafo del art. 305.3)
  15. Se modifica el art. 308, para adaptarlo a los nuevos parámetros típicos del también modificado art. 305. En cualquier caso, el cambio más importante, a nuestro juicio, es que se baja el umbral típico del delito de fraude de subvenciones, que antes era de 120 mil euros y ahora se fija en 100 mil.
  16. Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ) para el delito de malversación, antes no contemplado en el catálogo de aplicación del art. 31 bis.
  17. Ampliación del concepto de funcionario público para los delitos de cohecho y malversación. La nueva definición es más expansiva que la prevista en el anterior art. 427 CP (también modificado), que precisamente establecía la definición de funcionarios extranjeros y de la Unión Europea para los delitos de cohecho. Siguiendo la directiva que motiva en este punto la reforma, se introduce un nuevo art. 435 bis, que sirve como base para extender la responsabilidad de estos funcionarios, también en relación con el delito de malversación.
  18. Desde ahora, todas las personas jurídicas, pero especialmente aquellas que gestionen recursos públicos (con las excepciones del art. 31 quinques), o que se relacionen comercialmente con ellas, deberán adecuar sus Programas de Cumplimiento Normativo penal a este nuevo régimen ampliado de RPPJ.
  19. Se modifica el numeral 2º del apartado 1, extendiéndose la incriminación de la importación de moneda falsa o alterada cuando tuviere por destino a cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y no solo a España.
  20. Se modifica el apartado 5, que contempla la activación del art. 31 bis para estos delitos, manteniéndose la misma pena de multa, pero incluyendo ahora la posible aplicación de las sanciones previstas en las letras b) a g) del art. 33.7.
  21. Se “retoca” la definición de moneda que contiene el primer párrafo del art. 387, concretamente en relación con aquella que previsiblemente sería puesta en curso legal, supuesto que ahora se menciona como “aquella que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación oficialmente pero que está destinada a su circulación como moneda de curso legal”.
  22. La ampliación del catálogo de sanciones posibles a una persona jurídica exige revisar la estimación de riesgo en aquellas empresas que han identificado este delito en su cuadro de ilícitos penales que deben prevenir.
  23. Se incorpora, como supuesto a bis del art. 127 bis, a los delitos de tráfico de órganos, como delitos que habilitan al Juez o Tribunal a ordenar el decomiso de bienes, efectos o ganancias de los condenados, si existen indicios fundados de que provienen de actividades delictivas, y no se acredite su origen lícito.
  24. Completa reformulación de las conductas típicas, en un extenso nuevo art. 156 bis, que incluye definiciones de lo que debe entenderse por «tráfico de órganos humanos» cuando concurra alguna de las circunstancias previstas, ahora, en el apartado 1.a) 1ª a 3ª. Además, se incorpora, como 156 1.b, la expresa tipificación de comportamientos vinculados a la “gestión” de un órgano ilícitamente extraído (preparar, preservar, almacenar, transportar, trasladar, etc, un órgano ilícitamente obtenido) y, como 1.c, las relativas al uso del mismo, cualquiera sea la finalidad que se persiga. Se mantiene inalterado y con la misma pena (aunque hora en el numeral 3 del 156 bis) el supuesto de receptación de un órgano ilícitamente obtenido por quien, conociendo su origen ilícito, consiente recibir su trasplante. Además, se prevé la imposición de la pena superior en grado si en el procedimiento de ablación hubo peligro para la vida o la integridad física o psíquica de la víctima (apartado 3.a) o si esta fuera menor de edad o persona especialmente vulnerable (apartado 3.b). También se prevén penas más graves para facultativos sanitarios, funcionarios públicos y particulares que cometen estos delitos con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo y para los casos de pertenencia a organización o grupo criminal dedicado a estas actividades, de forma análoga al tratamiento de estos supuestos en el delito de trata de seres humanos. Se mantiene la activación del 31 bis en los mismos términos. Se tipifica expresamente, con una penalidad en uno o dos grados inferior al tipo correspondiente, los supuestos de provocación, conspiración y proposición a cometer estos delitos. Finalmente, se incluye la agravante de reincidencia internacional.
  25. Particularmente en las entidades del sector sanitario, sus Programas de Cumplimiento Normativo debieran activar una revisión específica de sus estimaciones de riesgo penal, a fin de descartar la necesidad de introducir correcciones relevantes.
  26. Se modifica el apartado 1 del art. 286 bis, incluyéndose el “ofrecimiento o promesa” de obtención de una ventaja no justificada, como conducta incriminada de corrupción en los negocios -y no solo el recibir, solicitar o aceptar una ventaja de esa naturaleza, como estaba previsto hasta ahora-.
  27. Se modifica el art. 423, que se extiende a jurados y árbitros (entre otros) las disposiciones relativas al cohecho, incluyéndose expresamente tanto a los nacionales como a los internacionales.
  28. Nueva modificación al art. 427, incluyéndose como supuesto d) a quienes gestionan intereses financieros de la Unión Europea.
  29. El art. 431, que había quedado sin contenido tras la reforma operada por LO 1/2015, contiene ahora la definición de funcionario público a los fines del capítulo relativo al tráfico de influencias, por remisión a los arts. 24 y 427.
  30. Ver nota 16.
  31. Ver nota 17.
  32. Como en los casos anterior, las reformas introducidas en delitos que activan la aplicación del art. 31 bis, exigen una revisión de las fases de identificación y estimación de riesgos penales en las personas jurídicas.