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Responsabilidad civil no derivada de la comisión delictiva.

octubre, 2020

En el Código penal no solamente existen normas para determinar la posible responsabilidad penal. En los arts. 109 a 122 CP (Título V) se prevén una serie de reglas para poder exigir también la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Penal.

Y es que, como se establece en el art. 109 CP, la ejecución de un delito “obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados”. De esta forma, las personas que sean penalmente responsables también pueden serlo civilmente por la comisión de esos hechos delictivos.

En este caso, podríamos hablar de la denominada responsabilidad civil derivada de delito. Ahora bien, esta clase de responsabilidad civil ex delicto convive con otra clase de responsabilidad civil. A saber: la participación a título lucrativo del art. 122 CP. Si bien algunos casos mediáticos han otorgado cierto protagonismo a esta figura (vid. STS, 2ª, 277/2018, de 8 de junio) sigue siendo complejo delimitar su alcance. 

La responsabilidad del art. 122 CP implica la obligación de restituir la cosa o resarcir el daño hasta la cuantía de la concreta participación de los efectos del delito. Se trata, pues, de una acción civil contra aquella persona beneficiaria, bajo un título sin conmutación, de la utilidad o ganancia que pueda derivarse de un delito en el que no ha intervenido -ni como autor, ni como partícipe-. El fundamento de esta responsabilidad reside en el principio de que nadie puede enriquecerse de un contrato con causa ilícita, siendo su límite el propio beneficio o aprovechamiento de los efectos del delito (vid. STSS, Sala 2º, 227/2015, de 6 de abril; 784/2014, de 20 de noviembre). No estamos, pues, ante una responsabilidad civil derivada de delito que pueda regirse por las cláusulas previstas en el art. 116 y ss CP. 

Algunos se refieren al partícipe a título lucrativo utilizando la expresión de “receptador civil”. Desde luego, esto da pie a la necesidad de plantearse el deslinde con el delito de receptación penal (art. 298 CP) y con el delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP), teniendo en cuenta, además, que este último también se puede cometer por imprudencia grave (¡!).

Continuará …