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Retirada del carnet por pérdida de puntos y delito contra la seguridad vial

mayo, 2022

En nuestro país, la retirada de la licencia de conducir por pérdida puntos implica también que, en caso de que sigamos conduciendo -contraviniendo la sanción administrativa- estemos, a la vez, cometiendo un delito penal. Así es, si tras una resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) por la que se decreta la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir, nos sorprenden conduciendo por la vía pública, se nos imputaría la comisión de un delito del art. 384 del Código Penal. Según este precepto, será castigado el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente. De este modo, en la mayoría de las ocasiones, ello conllevaría la imposición de una pena de prisión de tres a seis meses o (…) multa de doce a veinticuatro meses o (…) trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días (…).

Ahora bien, en ocasiones puede ocurrir que exista disconformidad con la resolución administrativa de origen que impuso la retirada de puntos. Por ejemplo, porque quien estaba conduciendo el vehículo en el momento de cometer la infracción administrativa no era el titular del vehículo. En estos casos, si el recurso en vía administrativa prospera y la resolución administrativa de origen es revocada, en caso de existir también una sentencia condenatoria posterior en la vía penal por el art. 384 CP, esta debe ser, también, revocada.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo: En primer lugar, la retirada de la licencia de conducir como consecuencia de una resolución recaída en el orden administrativo despliega su eficacia a efectos penales ex tunc. Esto es, desde el momento en que se produce la «retirada» de la licencia. Por ello, si un recurso administrativo prospera posteriormente a la retirada, la anulación de esa sanción administrativa debe operar retroactivamente. Es decir, ha de borrarse cualquier efecto penal que hubiese podido tener la sanción administrativa anulada (vid. STS 592/2016, de 6 julio). Ello es debido a que, en estos casos, el bien jurídico protegido por la norma penal es la “seguridad vial”, partiéndose de la presunción de que quien ha sido privado de la licencia de conducir carece de aptitud para pilotar un vehículo y representa un peligro para la seguridad viaria. Por ende, si se revoca la resolución administrativa de origen, se concluye que, en el momento de los hechos, el individuo no conducía un vehículo sin el correspondiente permiso. Y ello, por no haberse producido, en realidad, la pérdida de todos los puntos asignados, desapareciendo, así, el referido peligro para la seguridad vial (en este sentido se pronuncian, entre otras, las STS 592/2016, de 6 de julio, 251/2017, de 5 de abril, y 25/2018, de 17 de enero).

En definitiva, si la resolución que acordó la pérdida de vigencia del permiso de conducir, sobre cuya base se dicta la sentencia condenatoria por un delito de conducción sin permiso o licencia (art. 384 CP), es revocada con posterioridad a la firmeza de la sentencia en el procedimiento penal, procede estimar el correspondiente recurso de revisión y acordar su nulidad de la sentencia penal condenatoria.